La Audiencia Provincial de Madrid confirma la competencia de los Juzgados de lo Mercantil en las acciones de daños antitrust

08/11/2017

Con carácter general, los Juzgados de lo Mercantil asumen la competencia objetiva por razón de la materia en aquellos pleitos civiles que versen sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión y español, i.e. los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los artículos correspondientes de la Ley de Defensa de la Competencia. Así lo expresa el artículo 86 ter.2.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a raíz de una modificación legislativa de 2007.

Esta norma parece no dejar lugar a dudas, interpretada en un sentido amplio. Ahora bien, en la práctica se ha suscitado ocasionalmente el debate acerca de si las acciones de daños de naturaleza extracontractual basadas en el artículo 1902 del Código Civil, especialmente (aunque no solamente) aquellas acciones basadas en una resolución firme de una autoridad de competencia (acciones “follow-on”), deberían ser conocidas por los Juzgados de Primera Instancia, bajo una interpretación restrictiva del citado artículo 86 ter.2.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Audiencia Provincial de Madrid ha tenido oportunidad de zanjar esta discusión recientemente en su auto de 22 de junio de 2017 (ES:APM:2017:2421A). En el supuesto de hecho enjuiciado, se interpuso una acción en base al artículo 1902 del Código Civil, pero que traía su causa, como se desprendía del contenido de la demanda, en el artículo 7 de la anterior Ley de Defensa de la Competencia de 1989 (hoy artículo 3 de la vigente Ley de Defensa de la Competencia de 2007) relativo al falseamiento de la libre competencia por actos desleales. El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Madrid, ante el que se turnó la demanda, declaró, mediante auto, carecer de competencia objetiva, por entender que ésta correspondía a los Juzgados de lo Mercantil.

En este sentido, el auto del órgano de primera instancia afirmó lo siguiente:

“(…) el artículo 48.1 LEC, declara que la falta de competencia objetiva se apreciará de oficio, tan pronto como se advierta por el tribunal que esté conociendo del asunto. A su vez, el artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, enumera exhaustivamente las cuestiones atribuidas al conocimiento de los Juzgados Mercantiles. Las pretensiones ejercitadas en la presente demanda son, indudablemente, de naturaleza civil, pero no son subsumibles en ninguno de los supuestos que el precepto citado atribuye a los Juzgados de 1ª Instancia, por lo que su conocimiento corresponde al Juzgado de lo Mercantil que territorialmente resulte competente, como órgano jurisdiccional civil de carácter general, según el artículo 45 de la propia LEC . Por lo expuesto, procede declarar la falta de competencia objetiva de este Juzgado, señalando, como dice el apartado 4 del artículo 48 citado, los Juzgados competentes (…), todo ello en los términos concretos que refleja el antecedente de hecho primero de esta resolución, que se corresponde con la parte dispositiva del mismo” (énfasis añadido).

Pues bien, habiendo recurrido esta resolución la demandante, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 8ª) se pronunció en sentido idéntico, confirmando así el auto recurrido. En su fundamento de derecho segundo, concluyó la Audiencia Provincial de Madrid lo siguiente:

“Como se ha reseñado, considera la apelante que se está planteando una acción de responsabilidad civil extracontractual por daños, con fundamento en el artículo 1.902 del CC; sin embargo, no pueden aceptarse las alegaciones al respecto; a tenor de lo dispuesto en el artículo 86 ter, apartado 2, letra a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de "cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas."

Que la acción ejercitada se encuadra dentro de los supuestos de competencia desleal, no ofrece duda alguna; se refiere expresamente en el encabezamiento, al mencionar "acción de responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de la infracción de normas de la competencia, en concreto el falseamiento de la libre competencia por actos desleales..." aunque se añada el fundamento del artículo 1.902 del CC; en la conclusión segunda se refiere expresamente la calificación de los hechos como un falseamiento de la libre competencia por actos desleales, esto es, como un ilícito antitrust prohibido por el artículo 7 de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989, actual artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia , aunque en los fundamentos derecho sólo se invoquen los artículos 1.902 y 1.106 del CC , daños y perjuicios que en todo caso serán siempre consecuencia de la infracción del citado artículo 3 de la ley especializada, lo que corresponde enjuiciar al Juzgado especializado mercantil, por los fundamentos expuestos.

Todo lo anteriormente expuesto lleva a colegir la desestimación del recurso, confirmando el Auto apelado” (énfasis añadido).

Este pronunciamiento está en sintonía con la práctica de nuestros tribunales, donde generalmente se venía aceptando la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil en este tipo de casos. Así se refleja en los principales precedentes en España en materia de acciones de daños antitrust desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2007, que han sido conocidos por los Juzgados de lo Mercantil, como son los casos Musaat, la acción de daños por actos de boicot contra el cártel del seguro decenal (ECLI:ES:JMM:2014:3797), y Céntrica c. Iberdrola (ECLI:ES:JMBI:2010:138).

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado, así, en su auto de 22 de junio de 2017, la competencia objetiva de Juzgados de lo Mercantil en acciones que estén fundamentadas en la Ley de Defensa de la Competencia (lo cual es extensible a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y que se ejerciten en base a la acción de condena del artículo 1902 del Código Civil. El citado auto favorece, por tanto, una interpretación amplia del artículo 86 ter.2.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que es de prever que esta cuestión no vuelva a ser debatida en el futuro, precisamente en un momento en que, a raíz de la transposición de la Directiva 2014/104/UE (la Directiva de Daños), este tipo de acciones empieza a generalizarse.

Por Javier Pérez Fernández y Pedro Suárez Fernández