Con fecha 17 de noviembre de 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, el cual tiene como objetivo establecer la obligación para las entidades financieras de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras, y la obligación de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.
Dicho Real Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016, de forma que las entidades financieras tendrán que suministrar la información relativa al año 2016 en el año 2017.
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