Es conocido que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha dado un firme paso hacia la limitación del uso de los contratos menores, con el fin de evitar el empleo irregular de esta figura, en línea con el objetivo esencial de la ley consistente en incrementar el grado de aplicación efectiva de los principios básicos de la contratación pública (transparencia, publicidad, igualdad concurrencial, etc.) a todos los contratos celebrados por las entidades del sector público.