Infraestructuras

El proceso de creciente urbanización de las sociedades modernas está íntimamente ligado al desarrollo de las infraestructuras. Las mismas sirven de soporte a la actividad económica y facilitan las relaciones sociales. Sin la existencia de redes y de sistemas de transporte urbano o interurbano, de abastecimiento de agua potable o de depuración de aguas residuales, de recogida y de tratamiento de residuos o de transporte y de distribución de todo tipo de fluidos (eléctrico, hidrocarburos líquidos o gaseosos) o de datos (redes de telecomunicaciones), las sociedades urbanas, sencillamente, no habrían podido desarrollarse, incapaces de hacer frente a los retos que su expansión planteaba y sigue planteando.

Es indudable, por lo tanto, la importancia que para la economía y la vida en comunidad tienen las infraestructuras y los servicios (habitualmente públicos) que sobre las mismas se prestan.

El diseño, la construcción, el mantenimiento, la conservación y la explotación de infraestructuras por los particulares o la prestación de determinados servicios públicos haciendo uso de ellas son objeto de una prolija regulación pública y habitualmente exigen la adjudicación y celebración de contratos de tracto sucesivo, larga duración y notable complejidad. La ejecución de las indicadas actividades exige realizar cuantiosas inversiones, siendo habitual el recurso por parte de los promotores a la financiación ajena.

Nuestro equipo de Infraestructuras

En Ramón y Cajal Abogados disponemos de un equipo de Infraestructuras integrado por abogados especializados en materia de Derecho Público, contratación del sector público y contencioso-administrativo, financiación de proyectos y fusiones y adquisiciones. Dicho equipo cuenta, además, con el apoyo puntual de miembros de otras áreas del Despacho como Fiscal o Procesal civil.

Nuestro equipo ofrece a promotores, financiadores o Administraciones Públicas un asesoramiento integral e innovador en materia de infraestructuras y un alto valor añadido en operaciones complejas como, por ejemplo, las de colaboración público-privada (CPP).

El equipo de Infraestructuras asesora indistintamente tanto a las entidades del sector público que promueven los correspondientes proyectos como a los particulares interesados en ejecutarlos o a sus financiadores, tanto en España como en el extranjero.

El equipo de Infraestructuras del Despacho está integrado por los siguientes socios:

Nuestros servicios

Licitación y contratación

El asesoramiento jurídico que nuestro equipo de Infraestructuras ofrece durante la fase de licitación comprende la elaboración (para las administraciones públicas) de pliegos de cláusulas administrativas particulares o la valoración (para los licitadores) de las obligaciones y riesgos legales que deben asumirse por virtud de los mismos, de cara a la formulación de las ofertas, así como la impugnación (en vía administrativa, incluido el recurso especial en materia de contratación, o contencioso-administrativa) de dichos pliegos o de las distintas resoluciones que puedan dictarse durante la licitación (de exclusión de licitadores, de adjudicación del contrato, etc.).

Financiación

Tratándose de proyectos que deban ejecutarse al amparo de contratos de concesión (de obras o de servicios) u otras figuras de colaboración público-privada (concesiones demaniales, derechos reales de superficie, etc.), el asesoramiento jurídico que nuestro equipo de Infraestructuras presta a los accionistas (sponsors) o a los financiadores en materia de financiación sin recurso o con recurso limitado comprende la revisión legal del activo a financiar, el diseño de la estructura de financiación más adecuada en función de las circunstancias del mismo y la negociación y redacción de los contratos de financiación. Asimismo, nuestro asesoramiento incluye el análisis de la fiscalidad de la estructura de financiación concretamente seleccionada.

Construcción

En la fase de construcción el asesoramiento jurídico que presta nuestro equipo de Infraestructuras comprende tanto la negociación de las modificaciones que el órgano de contratación pretenda introducir en los contratos celebrados y la determinación de sus consecuencias como, en su caso, la reclamación ante los tribunales de justicia (habitualmente de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) o arbitrales correspondientes de los eventuales sobrecostes o de las penalizaciones que puedan imponerse.

Explotación

En la fase de explotación nuestro asesoramiento jurídico comprende tanto la negociación de las modificaciones de los contratos celebrados y la determinación de sus consecuencias como, en su caso, la impugnación ante los tribunales de justicia (habitualmente de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) o arbitrales correspondientes de las decisiones que pueda adoptar el órgano de contratación en ejercicio de sus prerrogativas exorbitantes (particularmente, la interpretación del contrato o la imposición de penalidades por razón de incumplimientos de las obligaciones que incumban al contratista).

Transacción

No es inhabitual que los adjudicatarios de proyectos de infraestructuras con largos plazos de duración, como los que suelen desarrollarse al amparo de contratos de concesión de obras públicas o de colaboración público-privada, transmitan dichos proyectos a otras empresas. Nuestro asesoramiento jurídico en este ámbito comprende la realización de los correspondientes informes de revisión legal (due diligence), la redacción y negociación de los contratos de compraventa y el asesoramiento sobre los distintos permisos y autorizaciones exigibles.

Terminación

Tratándose de proyectos que deban ejecutarse al amparo de contratos de concesión (de obras o de servicios) u otras figuras de colaboración público-privada (concesiones demaniales, derechos reales de superficie, etc.) su terminación, cualquiera que sea su causa, plantea importantes retos. Además de la liquidación del contrato / reversión de los activos a la Administración contratante, la terminación anticipada plantea el problema del alcance de la compensación a la que pueda tener derecho el contratista, siendo habitual la impugnación de las correspondientes decisiones administrativas ante los tribunales de justicia (generalmente, los de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

Regulación

Tratándose de la gestión de servicios públicos por parte de particulares, haciendo uso o no de determinadas infraestructuras, nuestro equipo de Infraestructuras asesora a sus prestadores en relación con todas las decisiones que pueda adoptar la Administración contratante (p.ej. modificaciones del contrato, revisiones de tarifas, imposición de penalidades por incumplimiento, etc.), impugnando las correspondientes decisiones ante los tribunales de justicia (habitualmente de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

Nuestra experiencia

El equipo de Infraestructuras ha intervenido en relación con la promoción, la ejecución o la financiación de proyectos de carreteras, aparcamientos, ferrocarriles, puertos, sistemas de regadío, plantas desalación o potabilización de agua, estaciones de depuración de aguas residuales, estaciones de tratamiento y valorización de residuos, edificios administrativos, hospitales, centros educativos, etc.

A modo de ejemplo, podemos citar los siguientes asuntos:

  • Asesoramiento jurídico y defensa letrada de una sociedad concesionaria de autopistas de peaje en relación con diversas penalidades impuestas por la Administración concedente en sede de ejecución del contrato.
  • Asesoramiento jurídico y defensa letrada de una sociedad concesionaria de diversos aparcamientos y del contrato de estacionamiento regulado (ORA) de una importante capital española en relación con la liquidación del contrato por parte de la Administración concedente.
  • Asesoramiento jurídico a una sociedad concesionaria de un proyecto ferroviario internacional en relación con la terminación anticipada del contrato de concesión y su incidencia sobre la financiación del proyecto.
  • Asesoramiento jurídico y defensa letrada de una sociedad concesionaria de un hospital en relación con el reconocimiento del derecho a percibir la retribución íntegra pactada en el contrato de concesión, sin perjuicio de la reducción del IVA aplicable (por importe superior a 100 millones de euros).
  • Asesoramiento jurídico a un importante grupo constructor y concesional español en relación con la adjudicación del contrato de transporte sanitario por carretera convocado por una comunidad autónoma (por importe cercano a 80 millones de euros).
  • Asesoramiento jurídico y defensa letrada de una sociedad concesionaria de una desaladora en relación con la indemnización de los daños y perjuicios provocados por la resolución anticipada del contrato de concesión.
  • Asesoramiento jurídico y defensa letrada de un importante grupo constructor en relación con la indemnización de los daños y perjuicios provocados por los retrasos y falta de disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de una obra ferroviaria.
  • Asesoramiento jurídico y defensa letrada de un importante grupo constructor en relación con la indemnización de los daños y perjuicios provocados por los retrasos y falta de disponibilidad de los terrenos, y reconocimiento del derecho al cobro de las unidades de obra adicionales ejecutadas en las obras de una autovía.
  • Asesoramiento jurídico y defensa letrada de una sociedad concesionaria en relación con la anulación de la orden de clausura de una planta de gestión de residuos sanitarios
  • Asesoramiento jurídico y defensa letrada de una sociedad concesionaria en relación con la anulación de cinco licitaciones de servicios de terapias respiratorias domiciliarias (por importe acumulado superior a 300 millones de euros)
  • Asesoramiento jurídico y defensa letrada de una sociedad concesionaria de un importante grupo constructor y de servicios en relación con la anulación del acuerdo de adjudicación del contrato para la prestación del servicio de recogida y gestión de residuos sólidos urbanos de una importante capital española.