El suelo es un input económico esencial para el desarrollo de cualquier actividad humana.
Sobre el suelo y sobre las actividades que en el mismo se desarrollan convergen, cada vez con mayor intensidad, múltiples exigencias que encuentran su origen en la normativa medioambiental, de ordenación del territorio o urbanística y que condicionan, limitan o, incluso, proscriben la utilización de dicho suelo o el desarrollo de dichas actividades. Estas exigencias regulatorias tienen una indudable incidencia económica al condicionar el valor de las inversiones previstas o al determinar la reducción o incluso la destrucción del de las ya realizadas.
La intervención de los poderes públicos a través de la regulación del uso del suelo y de las actividades que sobre el mismo se desarrollan desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, de la ordenación del territorio o del urbanismo es fruto del ejercicio de diversas potestades que la legislación vigente atribuye al Estado, a las comunidades autónomas o a las entidades locales, potestades que limitan la propiedad privada con fundamento en su función social constitucionalmente reconocida. En ocasiones, la regulación ambiental, la relativa a la ordenación del territorio o la urbanística introducen elementos de planificación económica basados en criterios de mera oportunidad política (equilibrio entre las iniciativas pública y privada en la economía).
En todo caso y cualquiera que sea el fundamento de la intervención pública que resulte del ejercicio de las indicadas potestades, la misma tiene unas evidentes consecuencias económicas y es, además, determinante de una constante reconfiguración del estatuto jurídico de la propiedad privada (hasta el punto de poder hacerla completamente irreconocible en su concepción clásica).
La protección de dicha propiedad frente a las expresadas limitaciones exige, primero, controlar la legalidad y la idoneidad de las distintas exigencias regulatorias contempladas en la normativa medioambiental, de ordenación del territorio y urbanística, y, en su caso, exigir la oportuna compensación económica para reparar la lesión que pueda irrogarse al particular afectado.
En Ramón y Cajal Abogados disponemos de un equipo de abogados especializados en el control de la legalidad de la normativa medio ambiental, de ordenación del territorio y urbanística con incidencia sobre la propiedad del suelo o el desarrollo de actividades económicas y de su concreta aplicación, y en la defensa de los intereses económicos de los particulares que vean afectados sus derechos de contenido económico por dicha normativa. Todo ello tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa.
Nuestros abogados acompañan a empresas y particulares en sus proyectos de inversión y les asesoran para escoger la solución más idónea desde la perspectiva de la normativa medioambiental, de ordenación del territorio y urbanística. Los mismos, además, realizan auditorías ambientales externas de carácter legal dirigidas a la detección de riesgos regulatorios, reputacionales o económicos en la materia, todo ello de acuerdo con la norma ISO 14000 o el Reglamento europeo EMAS.
Gracias a la colaboración con prestigiosos peritos ambientales y económicos, ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento integral para cuestionar, en su caso, la motivación ambiental y justificar la cuantía económica de las compensaciones que puedan exigirse.
Nuestro equipo de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha visto avalada su labor por un gran número de decisiones jurisdiccionales que han anulado planes y actos que contenían graves limitaciones de los legítimos intereses económicos de particulares y empresas, habiendo obtenido importantes compensaciones para los mismos.
En nuestro equipo contamos, asimismo, con expertos en Derecho Penal Ambiental y en la elaboración de planes de cumplimiento normativo.