Medio Ambiente
El suelo es un input económico esencial para el desarrollo de cualquier actividad humana.
Sobre el suelo y sobre las actividades que en el mismo se desarrollan convergen, cada vez con mayor intensidad, múltiples exigencias que encuentran su origen en la normativa medioambiental, de ordenación del territorio o urbanística y que condicionan, limitan o, incluso, proscriben la utilización de dicho suelo o el desarrollo de dichas actividades. Estas exigencias regulatorias tienen una indudable incidencia económica al condicionar el valor de las inversiones previstas o al determinar la reducción o incluso la destrucción del de las ya realizadas.
La intervención de los poderes públicos a través de la regulación del uso del suelo y de las actividades que sobre el mismo se desarrollan desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, de la ordenación del territorio o del urbanismo es fruto del ejercicio de diversas potestades que la legislación vigente atribuye al Estado, a las comunidades autónomas o a las entidades locales, potestades que limitan la propiedad privada con fundamento en su función social constitucionalmente reconocida. En ocasiones, la regulación ambiental, la relativa a la ordenación del territorio o la urbanística introducen elementos de planificación económica basados en criterios de mera oportunidad política (equilibrio entre las iniciativas pública y privada en la economía).
En todo caso y cualquiera que sea el fundamento de la intervención pública que resulte del ejercicio de las indicadas potestades, la misma tiene unas evidentes consecuencias económicas y es, además, determinante de una constante reconfiguración del estatuto jurídico de la propiedad privada (hasta el punto de poder hacerla completamente irreconocible en su concepción clásica).
La protección de dicha propiedad frente a las expresadas limitaciones exige, primero, controlar la legalidad y la idoneidad de las distintas exigencias regulatorias contempladas en la normativa medioambiental, de ordenación del territorio y urbanística, y, en su caso, exigir la oportuna compensación económica para reparar la lesión que pueda irrogarse al particular afectado.
¿Qué hacemos?
- Asesoramiento en la fase de elaboración de normativa medioambiental, de ordenación del territorio o urbanística y de los instrumentos de planificación y ejecución aprobados a su amparo.
- Impugnación de normativa medioambiental, de ordenación del territorio o urbanística y de los instrumentos de planificación y ejecución aprobados a su amparo.
- Evaluación de impacto ambiental de proyectos, planes y programas.
- Actividades clasificadas y prevención y control integrados de la contaminación.
- Espacios naturales protegidos.
- Protección de recursos naturales y de la biodiversidad.
- Suelos contaminados.
- Suelos inundables.
- Vertidos.
- Ruidos y contaminación acústica.
- Emisiones a la atmósfera.
- Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
- Gestión de riesgos asociados a las sustancias químicas (REACH).
- Responsabilidad medioambiental, incluida la de carácter penal.
Nuestro equipo
En Ramón y Cajal Abogados disponemos de un equipo de abogados especializados en el control de la legalidad de la normativa medio ambiental, de ordenación del territorio y urbanística con incidencia sobre la propiedad del suelo o el desarrollo de actividades económicas y de su concreta aplicación, y en la defensa de los intereses económicos de los particulares que vean afectados sus derechos de contenido económico por dicha normativa. Todo ello tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa.
Nuestros abogados acompañan a empresas y particulares en sus proyectos de inversión y les asesoran para escoger la solución más idónea desde la perspectiva de la normativa medioambiental, de ordenación del territorio y urbanística. Los mismos, además, realizan auditorías ambientales externas de carácter legal dirigidas a la detección de riesgos regulatorios, reputacionales o económicos en la materia, todo ello de acuerdo con la norma ISO 14000 o el Reglamento europeo EMAS.
Gracias a la colaboración con prestigiosos peritos ambientales y económicos, ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento integral para cuestionar, en su caso, la motivación ambiental y justificar la cuantía económica de las compensaciones que puedan exigirse.
Nuestro equipo de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha visto avalada su labor por un gran número de decisiones jurisdiccionales que han anulado planes y actos que contenían graves limitaciones de los legítimos intereses económicos de particulares y empresas, habiendo obtenido importantes compensaciones para los mismos.
En nuestro equipo contamos, asimismo, con expertos en Derecho Penal Ambiental y en la elaboración de planes de cumplimiento normativo.
Nuestra experiencia
- Anulación del plan de protección de corredor litoral de una comunidad autónoma.
- Anulación del plan hidrológico de una demarcación perteneciente a una cuenca hidrográfica
- Anulación del plan de gestión del riesgo de inundación de una cuenca hidrográfica.
- Impugnación de un mapa de riesgos de inundación.
- Impugnación de la ampliación de un espacio natural protegido (control de la motivación ambiental)
- Impugnación de la ampliación de un lugar de importancia comunitaria (LIC (control de la motivación ambiental)
- Impugnación de denegación de autorización ambiental integrada por afectar la actividad de una industria minera a un LIC (control de la motivación ambiental).
- Anulación de instrumento de planeamiento urbanístico por déficit de motivación.
- Impugnación de instrumento de planeamiento urbanístico por déficit de motivación. Petición de daños por limitación inidónea del derecho de propiedad.
- Impugnación de limitaciones al uso de la propiedad por razones ambientales y de disponibilidad de recurso hídricos. Petición de indemnización.
- Impugnación de una decisión del Consejo de Ministros sobre asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a un productor industrial.
- Asesoramiento en relación con las obras de limpieza de lodos tóxicos depositados en el dominio publico hidráulico.
- Obtención de una indemnización por limitación inidónea de una actividad empresarial por razones urbanísticas (indemnización percibida por daño emergente y lucro cesante de más de 165 millones de euros).