El Tribunal Supremo aclara los requisitos para sancionar a directivos por infracciones de competencia y amplía el alcance de las conductas potencialmente sancionables. No obstante, recuerda que estas sanciones solo pueden imponerse a quienes ostenten la condición de representantes legales o miembros de órganos directivos.

La prohibición de contratar con el sector público se ha convertido en una de las principales consecuencias derivadas de las infracciones de competencia. Analizamos el alcance de esta medida, su procedimiento de aplicación y las posibles vías de defensa y mitigación previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.